Las protestas en Irán han vuelto a situar al país en el centro de la atención internacional.
Aunque algunas cifras oficiales hablan de cientos de miles de víctimas acumuladas en distintos conflictos, fuentes extraoficiales estiman que solo desde el 28 de diciembre ya podrían haberse superado los 12.000 muertos.

Estas cifras, difíciles de verificar debido al férreo control informativo del régimen iraní, reflejan una situación de extrema gravedad humanitaria.
Las manifestaciones han ido intensificándose en las últimas semanas, lo que ha provocado una represión aún más violenta por parte de las fuerzas de seguridad.
Entre las víctimas se encuentran muchas mujeres, lo que subraya el papel central que ellas desempeñan en la resistencia contra el régimen de los ayatolás.

Las activistas iraníes han recordado en múltiples ocasiones que las mujeres llevan casi medio siglo luchando contra un sistema que limita profundamente sus derechos fundamentales.
Desde hace 48 años, las mujeres iraníes encabezan gran parte de las movilizaciones sociales y políticas.
Su lucha no es simbólica, sino profundamente existencial, porque afecta directamente a su libertad personal y a su dignidad.
En Irán, las mujeres no pueden divorciarse libremente sin enfrentar enormes obstáculos legales.
Tampoco pueden viajar fuera del país sin el permiso de su marido o de su padre.
Incluso para salir de su propia casa en determinadas circunstancias necesitan autorización masculina.
Estas restricciones convierten la vida cotidiana de millones de mujeres en una experiencia de control permanente.
Por eso muchas activistas insisten en que el verdadero feminismo debería centrarse en denunciar estas situaciones extremas de opresión.
Desde esta perspectiva surge una crítica directa hacia ciertos sectores del feminismo occidental.
Algunas voces señalan que determinadas dirigentes políticas en Europa guardan silencio ante la represión sufrida por las mujeres iraníes.
Este silencio resulta especialmente llamativo cuando esas mismas figuras públicas se muestran muy activas en otras causas.
La falta de posicionamiento claro ante la situación en Irán ha generado indignación entre activistas y analistas.
Se plantea entonces la pregunta de por qué algunas formaciones políticas prefieren no condenar abiertamente al régimen iraní.
Una posible explicación, según algunos comentaristas, podría encontrarse en los vínculos históricos entre ciertos partidos y medios financiados por Teherán.
Se recuerda, por ejemplo, la existencia de HispanTV, un canal público iraní que operó en lengua española.
En dicho canal colaboraron en el pasado diversas figuras públicas que posteriormente adquirieron relevancia política en España.
Se menciona de manera recurrente la participación de Pablo Iglesias en programas emitidos por esta cadena.
Estas colaboraciones fueron remuneradas, lo que ha alimentado el debate sobre la procedencia de esos fondos.
Algunos críticos sostienen que aceptar pagos de un medio controlado por el régimen iraní equivale a recibir financiación indirecta de dicho régimen.
Este argumento ha sido rechazado en varias ocasiones por los propios implicados, que han tratado de desvincular su actividad profesional de cualquier influencia política.
Sin embargo, el debate sigue abierto y continúa generando controversia en la opinión pública.
La cuestión de la financiación es especialmente sensible cuando se trata de partidos políticos y líderes con capacidad de influencia institucional.
Muchos ciudadanos consideran legítimo exigir transparencia absoluta sobre los ingresos y colaboraciones pasadas de quienes aspiran a representarles.
En este contexto, algunas explicaciones ofrecidas por portavoces políticos han sido calificadas por sus críticos como insuficientes o poco convincentes.
La polémica no solo afecta a la credibilidad de determinadas figuras, sino también al debate más amplio sobre la coherencia ética en política.
Mientras tanto, la situación sobre el terreno en Irán sigue deteriorándose.
Las protestas no son únicamente una reacción puntual, sino la expresión acumulada de décadas de represión.
La juventud iraní, especialmente las mujeres jóvenes, ha perdido el miedo y ha decidido asumir el coste de la protesta.
Las redes sociales, a pesar de la censura, han permitido que muchas imágenes y testimonios lleguen al exterior.
Estos contenidos han despertado la solidaridad internacional, pero también han evidenciado la impotencia de la comunidad global para frenar la violencia.
Numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas.
El control de la información por parte del régimen dificulta la verificación independiente de los hechos.
Aun así, el patrón de represión es consistente con el comportamiento histórico del poder en Irán.
El régimen de los ayatolás ha demostrado durante décadas una escasa tolerancia hacia la disidencia.
Cada ciclo de protestas ha sido sofocado mediante el uso de la fuerza.
Lo que distingue la situación actual es la magnitud de la movilización social y su carácter transversal.
Ya no se trata únicamente de sectores urbanos o de clases medias, sino de una rebelión que atraviesa distintas capas sociales.
La participación masiva de mujeres ha otorgado a las protestas un fuerte componente simbólico y moral.
Cortarse el cabello en público, quitarse el velo o desafiar abiertamente a la policía se han convertido en actos de resistencia.
Estos gestos, aparentemente simples, representan enormes riesgos personales en el contexto iraní.
Muchas de las mujeres que participan en las protestas son conscientes de que podrían ser detenidas, golpeadas o incluso asesinadas.
A pesar de ello, continúan manifestándose, lo que demuestra un nivel extraordinario de valentía colectiva.
El contraste entre esta lucha y la tibieza de ciertos discursos internacionales ha sido señalado por múltiples observadores.
Se acusa a algunos gobiernos y movimientos políticos de practicar un doble rasero en materia de derechos humanos.
Cuando la violación de derechos ocurre en países considerados adversarios ideológicos, la condena suele ser más contundente.
En cambio, cuando existen afinidades políticas o intereses estratégicos, el silencio se vuelve más frecuente.
Este fenómeno debilita la credibilidad del discurso universal sobre los derechos humanos.
La situación en Irán plantea así un desafío ético no solo para los gobiernos, sino también para la sociedad civil global.
Apoyar a las mujeres iraníes no debería ser una cuestión partidista, sino un imperativo moral básico.
El debate sobre la coherencia del feminismo internacional se ha intensificado precisamente a raíz de estos acontecimientos.
Muchas activistas reclaman un feminismo verdaderamente universal, capaz de denunciar cualquier forma de opresión, independientemente del contexto político.
La lucha de las mujeres iraníes pone en evidencia que la igualdad de género sigue siendo una cuestión de vida o muerte en muchos lugares del mundo.
No se trata de debates teóricos, sino de realidades concretas marcadas por la violencia y la represión.
Ignorar esta situación equivale a aceptar implícitamente que existen vidas que valen menos que otras.
Por eso, numerosos periodistas, analistas y ciudadanos reclaman mayor compromiso y mayor coherencia a quienes ocupan posiciones de poder.
El caso iraní se ha convertido así en un espejo incómodo para muchas democracias occidentales.
Refleja no solo la brutalidad de un régimen autoritario, sino también las contradicciones del discurso político internacional.
Mientras las protestas continúan, miles de familias lloran a sus muertos en silencio.
Otras tantas siguen buscando a hijos, hermanas o amigas desaparecidas.
El coste humano de esta crisis es incalculable.
Más allá de las cifras, cada víctima representa una historia truncada y un futuro robado.
La comunidad internacional se enfrenta al reto de no mirar hacia otro lado.
La historia ha demostrado que el silencio frente a la injusticia suele tener consecuencias devastadoras.
Hoy, las mujeres iraníes no piden discursos vacíos, sino solidaridad real y apoyo efectivo.
Su lucha es, en esencia, una lucha por la dignidad humana.
Y esa dignidad debería ser defendida sin excepciones ni cálculos políticos.